¡Una increíble noticia para detener el desperdicio de alimentos perfectamente comestibles! Lo mejor es lo que decidieron hacer con ellos.
httpv://youtu.be/3B_Rs1KcDWc
Más de un tercio de toda la producción de alimentos en nuestro planeta nunca llega a la mesa y gran parte se debe a que los supermercados arrojan a la basura alimentos perfectamente comestibles que no han logrado vender. Pero Francia decidió hacer algo al respecto. El pasado jueves 21 de mayo el parlamento francés aprobó de forma unánime una medida que prohibirá a los supermercados desechar los alimentos que no venda –y que estén en buenas condiciones–.
La nueva ley se enmarca en las medidas que el gobierno está impulsando para cumplir con sus metas de reducción de desperdicio de alimentos en un 50% para 2025 y obligará a los supermercados a entregar los alimentos que “sobran” a entidades de caridad o beneficencia y en caso de que no estén en buen estado, deberán ser regaladas a granjas de animales. Según estimaciones oficiales realizadas en el país, un francés promedio desecha a la basura alrededor de 20 kg o 30 kg de comida al año de los cuales 7kg ni siquiera fueron sacados de sus envoltorios, por lo mismo la medida podría causar un positivo impacto en el país –si no, sólo mira el caso de Baptiste Dubanchet que recorrió europa en bicicleta alimentándose sólo de lo que encontraba en los basureros de supermercados–.
Murdo Macleod
“Hay una urgencia absoluta, ya que las organizaciones benéficas están desesperadas por comida. La parte más conmovedora de esta ley es que abre puertas y ventanas para todos aquellos que están sufriendo”, dijo el diputado de centro-derecha, Yves Jégo, en el Parlamento del país. Si bien la ley contra el desperdicio de alimentos ya fue aprobada por el parlamento aún queda la aprobación del senado para ver que se haga efectiva.
Los supermercados franceses que cuenten con una superficie superior a 400 metros cuadrados, deberán firmar contratos con organizaciones humanitarias para la donación de alimentos antes de junio de 2016, de lo contrario los responsables de los establecimientos se enfrentarán a multas de 75.000 euros o una pena de prisión de menos de dos años.
